Historia de 6to Economía

El Reformismo Batllista
Los primeros años del siglo XX en Uruguay estuvieron marcados por dos hechos:
1) El ascenso al gobierno de José Batlle y Ordóñez que se desempeñó como presidente en dos periodos (1903-1907 y
1911-1915) y que hasta su muerte en 1929 fue la figura política dominante de la política uruguaya.
2) La definitiva derrota de las revoluciones caudillistas, con la última rebelión del caudillo Aparicio Saravia en 1904, que
terminó con su vida y con los intentos blancos de participar en el poder.
La figura de Batlle y Ordóñez, Don Pepe, marcó un cambio de rumbo en la política uruguaya, abandonando el liberalismo
económico y dando al estado una fuerte participación en la economía y la sociedad. Las ideas y realizaciones de Batlle
generaron un modelo de país que caracterizó al Uruguay del siglo XX (predominio de la clase media y de los sectores
urbanos, estado benefactor, laicidad, solidaridad con los sectores desposeídos) y un movimiento político, el batllismo, que
mantuvo fuerte poder de convocatoria electoral usando el nombre de su fundador. Esa reiteración de “los batllistas” en el
gobierno, ha llevado a los historiadores a hablar de un “primer batllismo” para referirse al original, al de Don Pepe, que se
extiende desde 1903 hasta 1929; con la crisis mundial económica y la muerte de José Batlle y Ordóñez.
Este periodo comprende la primera presidencia de Batlle (1903-1907), luego la presidencia de Claudio Williman
(1905-1911), la segunda presidencia de Batlle (1911-1915), la presidencia Feliciano Viera (1915-1919), la presidencia de
Baltasar Brum (1919-1923), la presidencia de José Serrato (1923-1927) y por ultimo la presidencia de Juan Campisteguy
(1927-1931)
El reformismo en vez del batllismo
"Los movimientos políticos y sociales son lo que quieren sus protagonistas pero también lo que ven de ellos sus antagonistas e incluso el historiador,
quién representa la interrogación del presente (...) Batlle se vio a sí mismo como un hombre del progreso, los obreros lo consideraron un amigo, el
patronato industrial y británico lo creyó un socialista, los socialistas, un burgués de buena voluntad, los blancos un autócrata demagogo, y el historiador,
un reformador. Cada una de estas miradas es falsa y verdadera al mismo tiempo por parcial, y son todas juntas la que dan idea cabal del personaje, el
movimiento que protagonizó y su época. Fue ese elenco político del novecientos, el protagonista de la que de ahora en adelante denominaremos
reformismo, es decir, la tendencia a promover el cambio más o menos radical de los modelos económicos, sociales y mentales, sin recurrir a la
violencia.
Preferimos usar el término reformismo en lugar del habitual batllismo por varias razones. En primer lugar, en todo el periodo a estudio 1903 a 1916
(...) el batllismo no era aún un partido organizado, con autoridades, lema y programa; tampoco, a no ser en los años finales, 1914-16, un movimiento de
masas. En segundo lugar, los que vivieron y escribieron entre 1905 a 1910, utilizaron en general el término reformista para designar a la corriente que
luego se denominará batllismo. En los documentos analizados, mensajes presidenciales, ministeriales, discursos parlamentarios y editoriales
periodísticos, los seguidores de Batlle se llamaron a si mismos reformistas o reformadores, pretendiendo expresar con ello la esencia misma de su nueva
fe; el uso del aparato estatal para la promoción de una economía que nos tornara independientes, de una sociedad que fuera justa, de una cultura
científica que nos liberaran de la esclavitud de la ignorancia, todo ello dentro del respeto por el estado de derecho y sus reglas de juego, lo que impedía
el recurso a la violencia revolucionaria y a la vez identificaban al reformismo con la defensa de los derechos individuales...
En tercer lugar, el uso del término reformismo nos permite ubicar al batllismo como una de las muchas corrientes políticas europeas y americanas que
buscaron en las primeras décadas del siglo XX eliminar las aristas más crudas del capitalismo salvaje y resucitar el viejo anhelo de 1789 por una
sociedad ideal, sin recurrir, empero, a los mismos métodos(...)
El reformismo se vio a sí mismo como un socialismo de estado, tan respetuoso de la propiedad privada, como consciente de las limitaciones de ese
derecho, tan dispuesto al cambio como a promoverlo solo por la evolución pacífica."

Barrán –Nahum. "Batlle, los estancieros y el imperio británico" Tomo II.

Ideología de José Batlle y Ordoñez

Toda la obra reformista de este período partirá ideológicamente de los siguientes principios:
El “país modelo” y el rol del Estado
En palabras del propio Batlle: "Me gustaría en nuestro pequeño país, construir un "país modelo" ¿Cómo hacerlo?; a
través de una gran reforma, llevada a cabo por medio de la ley. Modificar la sociedad por medio de la ley en un sentido de

mayor justicia social”. Y con respecto al rol del Estado así se expresaba en un editorial de “El Día”: “La tendencia moderna
es hacer por cuenta del Estado todos los grandes servicios públicos”. “La gran ventaja de las empresas del Estado es que
no tienen que entregar sus utilidades a los capitalistas, como las empresas particulares, y pueden aplicar cuanto producen a
su perfeccionamiento, baratura de sus servicios y mejor retribución de quienes la sirven” (J. Batlle en “El Día”, 1919)
Según la opinión de Barrán y Nahúm “El Estado será la herramienta niveladora que restablecerá la igualdad
natural. Concebido como el representante de toda la sociedad y árbitro del conflicto social, inclinará la balanza del lado del
débil, el obrero, la mujer, el niño, el anciano...El Estado deberá ser el corrector de la injusticia. Para ello abandonará el
viejo papel de “juez y gendarme” e intervendrá directamente en la economía y la sociedad.” (Barrán y Nahum. “Un diálogo
difícil, 1903-1910”. EBO. 1981, p. 39-40)

La Primera Presidencia de Batlle y Ordoñez (1903-1907)

Los primeros dos años del gobierno fueron absorbidos por el conflicto con Aparicio Saravia, pero esto no impidió que el
presidente iniciara una obra que introdujo cambios en la economía y la sociedad, anunciando el reformismo que caracterizaría
a su segunda presidencia.
En el orden económico las realizaciones más importantes fueron:
- La construcción de caminos y la mejora de los ya existentes. El cercamiento de los campos había afectado a los
caminos vecinales que quedaron cortados por los alambrados, dificultando el desplazamiento de personas y mercaderías. La
Asamblea General autorizó al presidente Batlle a obtener un préstamo para construir caminos y puentes; las nuevas carreteras
se trazaron paralelas a las vías férreas con la intención de que el transporte automotor que estaba llegando a Uruguay,
compitiera con los ferrocarriles controlados por empresas inglesas.
- Fomento de la agricultura y la industria. Se aprobó una ley que favorecía la plantación de remolacha azucarera: las
personas que se dedicaran a su cultivo recibirían del estado semillas seleccionadas, apoyo financiero y la exoneración de los
impuestos aduaneros para importar maquinaria. Además se establecían altos impuestos aduaneros al azúcar importado. De esa
forma se estimulaba la industria nacional usando una materia prima que se encontraba en el país, disminuyendo la
dependencia del exterior.
También se fomentó a la industria textil exonerándola de los impuestos a la importación de máquinas permitiendo instalar
grandes fábricas como la de Campomar y Salvo en Juan Lacaze, que utilizaba también materia prima nacional: la lana.
Previendo un mayor consumo de energía eléctrica, tanto de la población como de la industria, el estado amplio las
instalaciones de la Usina de Luz Eléctrica y no se aceptaron propuestas para su arrendamiento capitales privados. Batlle y
Ordóñez consideraba a la energía eléctrica como un servicio público que debía ser monopolio estatal.
-Menor dependencia del capital inglés. Rompiendo con la política tradicional de los gobiernos uruguayos, se buscaron
nuevos lugares donde obtener crédito. En este período Uruguay contrató su primer préstamo con capitales de EEUU y se
redujo la deuda con Inglaterra. Como sucedía con el resto de América Latina, también en el Río de la Plata, el viejo imperio
inglés estaba siendo desplazado por la pujante expansión norteamericana.
En el plano social se presentaron proyectos para regular las condiciones de trabajo. La industrialización que desde fines
del siglo XIX se desarrollaba en Uruguay ya estaba generando alguno de los típicos problemas laborales como excesivo
horario, falta de seguridad e higiene en los locales de trabajo, uso y abuso de la mano de obra infantil, etc. Los primeros
sindicatos creados en Uruguay habían comenzado a hacer sus reclamos especialmente en dos puntos: mejorar el salario y
reducir las largas y agotadoras jornadas de trabajo. En 1905 numerosas huelgas paralizaron a miles de trabajadores, por
ejemplo los empleados del Ferrocarril Central, los tranviarios, los portuarios y las costureras.
En febrero de 1905 los representantes blancos Luis Alberto de Herrera y Carlos Roxlo presentaron un proyecto de ley que
establecía un máximo de 10 horas de trabajo al día y además limitaba el trabajo de mujeres y menores, compensaba los
accidentes de trabajo y establecía normas de higiene en los talleres. Al año siguiente el presidente Batlle envió su propio
proyecto que fijaba la jornada máxima en 8 horas cuando se trataba de una tarea sin interrupción y de 10 cuando había una
interrupción. El proyecto también incluía normas para regular el trabajo de menores con horarios acordes a su edad y
prohibiendo el trabajo de menores de trece años. Además se preveía un día de descanso semanal y un mes de descanso para la
mujer después del parto.
Pero estos proyectos no fueron aprobados y por lo tanto por varios años más el estado no reguló las condiciones de trabajo
que quedaban libradas a lo que los patrones establecieran y los trabajadores soportaran. Un proyecto que si tuvo aprobación
fue el que creaba las jubilaciones civiles y que había sido presentado en 1896. La ley creaba la Caja de Jubilaciones Civiles y

establecía que tenían derecho a jubilarse todos los funcionarios públicos con más de 30 años de servicio y 60 de edad o en
caso de quedar inhabilitado física o mentalmente o por supresión del cargo si tenían más de 10 años de trabajo.
En la educación también hubo novedades. Se crearon nuevas facultades: la de Comercio (luego llamada de Ciencias
Económicas) y la de Veterinaria y Agronomía. El objetivo era doble: tecnificar las actividades vinculadas al comercio y a la
agropecuaria y, además, desviar a los jóvenes de las tradicionales carreras de abogado y médico, cuyas facultades estaban
repletas.
También se proyectó la creación de liceos departamentales para formar un grupo de personas que, sin llegar a ser
universitarios, tuvieran una educación superior a la primaria y pudieran interpretar a las élites políticas y servir como
funcionarios en la administración pública.
Otras medidas aprobadas en ese período reflejaban las ideas filosóficas de Batlle y sus seguidores: el distanciamiento del
estado con respeto a la iglesia que culminaría con la separación de ambas instituciones en la reforma constitucional de 1917.
Batlle, identificado con el racionalismo espiritualista, era contrario a las religiones reveladas. En 1906 el gobierno ordenó el
retiro de todas las imágenes religiosas católicas de los hospitales públicos. Se basaba en la idea de que no podían ostentar
símbolos de una determinada religión los lugares que estaban abiertos a personas de todas las creencias (o de ninguna). Esto
causó una intensa polémica con los sectores católicos. Un año antes otra medida había causado un enorme revuelo : el
proyecto de ley sobre divorcio. Este establecía que se podía obtener tanto por el hombre como por la mujer por diversas
causales: injurias, malos tratos o violencia entre los conyugues, intento de homicidio o por infidelidad. En esta última causal
observamos como, a pesar de los “moderno” de la propuesta, se reflejaba la desigualdad de sexos: en el caso de cometer
adulterio la mujer el hombre podía, en todos los casos, pedir el divorcio; en caso de que el adulterio lo cometiera el esposo, la
esposa sólo podía pedir. si era en el hogar o con escándalo público.
El divorcio y la moral social
“... los partidarios del matrimonio indisoluble parten de un profundo error. Ellos parecen entender que la moralidad y la felicidad de
un pueblo están en los esposos, que sólo encuentran en el trato diario motivos de sinsabores y de riñas. Nada bueno puede esperar la
moral social, pues lo natural es que esos esposos busquen afuera las satisfacciones que no pueden encontrar en el hogar y sin las cuales
la vida humana se vuelven inferior a la vida de los brutos”. (El Día. Setiembre, 24 de 1905)
El divorcio y la libertad de conciencia
“... que la ley de divorcio no sólo es la consecuencia necesaria del matrimonio, sino que representa una evidente necesidad social,
desde que viene a reparar errores e injusticias que se traducen en graves perturbaciones para la familia... es una ley eminentemente
protectora de los derechos e intereses de la mujer y de los niños y que las resistencias que provoca su sanción en ciertas clases sociales,
no pueden tener otros fundamentos que los emanados de los prejuicios religiosos.
No hay una sola razón seria para oponerla al establecimiento del divorcio, dice Naquet, y agrega, que sólo el dogma católico ha
constituido en todos los tiempos el obstáculo irreductible contra la aceptación de ese principio humano y moralizador”. (El Día.
Octubre, 12 de 1905)
Otro proyecto presentado por Batlle y Ordóñez en el año 1906 fue la abolición de la pena de muerte y su sustitución por
la pena de reclusión en la cárcel entre 30 y 40 años.
“...ninguna sociedad civilizadora tiene necesidad de suprimir al delincuente para ponerse a cubierto de sus ataques...
Más que todas las medidas preventivas y que todas las represiones, ha detenido y detendrá siempre al que va a delinquir, el poderoso
instinto que se resiste en nuestro organismo a que se inflija un mal físico a un semejante, y más violentamente aún a que se derrame su
sangre...
La pena de muerte conspira contra ese sentimiento protector y tiende a debilitarlo y extinguirlo. El prolongado suplicio a que es
sometido el reo y la frialdad reflexiva con que se le enjuicia, se le condena y se le ejecuta, no puede menos que familiarizarnos con
hechos de esa naturaleza; hacernos cada vez más insensibles al dolor ajeno y amortiguar el horror que nos produce la supresión de la
vida humana por la violencia”. Citado por Vázquez Romero y Reyes Abadie, “Crónica General del Uruguay”, tomo IV, p.236

El Reformismo durante la segunda presidencia de Batlle (1911-1915)

En febrero de 1910 algunos sectores del Partido Colorado propusieron a Batlle y Ordóñez como candidato a presidente

para el período 1911-1915. La Convención del Partido Colorado apoyó la candidatura y Batlle, que estaba en Europa, la
aceptó. En su carta aceptando la candidatura adelantaba algunas de sus propuesta de gobierno: gobierno de partido
excluyendo la coparticipación del P. Nacional, representación proporcional en la Asamblea General y tener en cuenta las
reivindicaciones de la clase obrera “que reclaman el derecho a la vida, a la salud,a la libertad con frecuencia lesionados”.
Estas propuestas provocaron una doble oposición a la candidatura de Batlle: la del P. Nacional contrario a que el P.
Colorado gobernara en exclusividad, y la de las “clases conservadoras”, los sectores económicamente poderosos que temían
las concesiones que Batlle podía hacer a los obreros.
Pero a pesar de esta oposición Batlle tenía asegurado el apoyo de la mayoría de la Asamblea General y el 1 de marzo de
1911 fue designado Presidente.
En las realizaciones de la segunda presidencia de Batlle se observa una definición más clara a favor de las reformas
sociales y económicas, un enfrentamiento directo con las empresas inglesas y la decidida intervención del estado en la
economía.
El proyecto en general del reformismo batllista puede dividirse en económico, social y político. Sin embargo, es de
destacar, que todas las reformas se encuentran vinculadas tanto en sus finalidad generales (justicia social, democracia) como
en lo referente al lo del Estado (intervencionista, de bienestar...)
A) Aspectos económicos:
Para comprender el reformismo batllista en el plano económico es fundamental partir de su ideología acerca del rol
económico del Estado, ya que la misma animará el reformismo del período.
Al de decir de Nahúm “La idea básica era que el Estado representaba a toda la sociedad y por encontrarse por encima
de todas las clases sociales debía no sólo arbitrar sus disputas, sino también impulsar su progreso mediante un crecimiento
sostenido de la economía. Esa finalidad social era lo que daba derecho al Estado para ‘invadir’ el campo de la actividad
económica privada, desde que el ‘interés general’ era superior al particular o de las empresas.”.
Y agrega, adelantando algunos aspectos del reformismo social: “El Estado será la herramienta niveladora que
restablecerá la igualdad natural. Concebido como representante de toda la sociedad, inclinará la balanza del lado del débil
cuando la estructura económica, social o cultural haya colocado el fiel del lado de los fuertes, los privilegiados, los menos.
El Estado deberá ser el corrector de la injusticia (...) Para ello abandonará su viejo papel de “juez y gendarme” e
intervendrá directamente en la economía y la sociedad. (...) (Se) dará origen a la ampliación de los fines del Estado, criterio
común en la Europa progresista de la época, según la cual, los servicios públicos no podían quedar en manos de la empresa
privada.”
Partiendo de este intervencionismo estatal, las más importantes transformaciones se dieron en el plano de las
nacionalizaciones y estatizaciones de empresas extranjeras, en la promoción del sector industrial y en el plano rural.
A.1) Estatizaciones y nacionalizaciones
En su segunda presidencia Batlle y Ordóñez impulsó una política económica bien definida: pasar a manos del estado los
servicios públicos esenciales. Varios eran los argumentos que se manejaban por parte de Batlle y sus seguidores para realizar
las estatizaciones:
1) El estado era concebido por Batlle como el organismo que representaba a toda la sociedad y estaba por encima de los
intereses particulares; ante un enfrentamiento de intereses económicos, el estado iba a resolver de acuerdo a lo que fuera más
útil para la mayoría y no por bien de unos pocos. Esta forma de concebir al estado era una de las diferencias del pensamiento
batllista con el socialismo marxista, ya que este veía al estado como el instrumento usado por una clase social para imponerse
a otra y establecer las reglas de juego que a esa clase dominante le convenía.
2) El estado no perseguía un fin de lucro o ganancia. Por lo tanto una empresa estatal podía invertir dinero en una obra que
a una empresa particular no le interesaba aunque fuera muy útil para la población. Por ejemplo una empresa privada que
tuviera a su cargo el suministro de electricidad, iba a tender cables hacia los barrios donde el consumo fuera mayor y
seguramente dejaría de lado los lugares más humildes o con menor cantidad de población donde sabía que las ganancias eran
menores o inexistentes. En cambio, para Batlle, el estado podía prestar el servicio aunque de él no resultaran ganancias,
porque la finalidad no era ganar dinero sino dar el servicio.

3) Los servicios públicos más importantes (transporte, aguas corrientes, teléfonos, seguros) estaban en manos de empresas
extranjeras y las ganancias obtenidas se iban hacia el exterior y no eran reinvertidas en el Uruguay. Cómo el costo de estas
inversiones era muy grande, era imposible que empresas privadas nacionales pudieran hacerse cargo de esos servicios, el
único que podía hacerlo era el estado.
4) La relación laboral y el salario iban a ser mejores en empresas dirigidas por el estado que en las privadas, por que lo ya
dicho de que el estado no perseguía una ganancia y podía pagar sueldos más elevados y por que al estado le servía que se
ganará mejor para que se consumiera más y toda la economía se moviera.
La política estatista tuvo como principal opositor a las empresas extranjeras, principalmente inglesas que iban a ser las
afectadas. El capital extranjero residente en Uruguay era muy poderoso. En ferrocarriles, gas, aguas corrientes, industrias, etc,
había unos 40 millones de libras, lo que significaba una cifra considerable comparado con lo que era la economía uruguaya.
Viendo que se iba a poner en contra intereses muy grandes, Batlle prefirió en algunos casos no enfrentarlos directamente,
sino hacerles la competencia, debilitarlos, como el caso de las carreteras paralelas a las vías férreas. La lucha contra el capital
inglés se vio facilitada porque Batlle recurrió a la potencia rival de Inglaterra en América: los Estados Unidos, donde obtuvo
préstamos y abastecimientos. También ayudó la Primera Guerra Mundial que debilitó a Inglaterra y le impidió mantener el
dominio económico de estas regiones.
“Todo cuanto produce una empresa del Estado debe aplicarse a dar mejor servicio a los clientes –y clientes son o pueden ser, el último
término, todos los habitantes del país- y a mejorar la situación de sus obreros y empleados, ya que no tiene por que proporcionar lucros a
sus dueños, y puede afectar gran parte de sus utilidades a crearles una posición feliz a sus servidores”.
“La unificación de una industria y el establecimiento por tanto de un monopolio particular, y en consecuencias, perturbadora e injusta, no
parece preparar la expropiación de los útiles de trabajo. Una de las tendencias bien definidas de nuestro Partido es la que llevaría a
nacionalizar, o convertir en empresas del Estado, todos los grandes servicios públicos. Si lleváramos nosotros un número suficiente de
representantes al Cuerpo Legislativo, convertiríamos en empresas del Estado, los ferrocarriles, los tranvías, las aguas corrientes, el gas,
etc.”
“La asunción de los servicios públicos por el Estado, responde a la difusión y distribución colectiva de agentes indispensables de
bienestar, comodidad e higiene, a dotar a las clases sociales más numerosas y menos favorecidas, de una suma de beneficios que, de otra
manera, serían únicamente accesibles a las acomodadas. Se trata, sencillamente, de favorecer al público, mejorando, extendiendo y
abaratando los servicios”.
Estatización del Banco República.- Cuando se creó el Banco República en 1896, se había previsto que la mitad de su
capital fuera puesto por el estado (5 millones de pesos) y la otra mitad la pusieran particulares adquiriendo acciones del
banco. Pero como esas acciones nunca se vendieron en los hechos el banco era del estado aunque cabía la posibilidad que se
decidiera vender las acciones. En 1911 la Asamblea General aprobó un proyecto de ley enviado por Batlle donde se disponía
elevar el capital del banco (de 10 a 20 millones de dólares) integrando las ganancias obtenidas hasta el momento al capital
bancario y eliminando la posibilidad de la venta de acciones. Se aseguraba así que el Banco iba ser solamente propiedad del
estado.
En 1912 se agregó al Banco República la Sección de Crédito Rural destinada a apoyar con créditos a los pequeños y
medianos ganaderos y agricultores.
Estatización del Banco Hipotecario.- Los préstamos hechos sobre hipoteca, o sea con la garantía de un bien inmueble
existían desde la creación del Banco Nacional en 187. Producida la quiebra de este en 1890 había pasado a manos de una
empresa privada formada por accionistas, pero corrían muchos rumores de especulación y mal manejo de los créditos. La
función que cumplía este tipo de actividad era importante e incidía en la industria de la construcción y en la compra de
tierras. En 1912 el presidente presentó un proyecto de ley para que el estado se encargara de los préstamos hipotecarios. El
proyecto obtuvo rápido rspaldo de amplios sectores y en 15 días fue aprobado por el legislativo.
Creación del Banco de Seguros.- En abril de 1911 el Poder Ejecutivo envió un proyecto al Parlamento por el cual el
estado tendría el monopolio de todos los seguros que se realizaran en el país: incendio, marítimos, de vida, agrícolas y, en
general, contra todo riesgo. Para hacerse cargo de esos seguros se creaba el Banco de Seguros del Estado cuyo capital inicial
estaba constituido por 3 millones de pesos y que adquiriría los seguros de las empresas ya existentes.
Hasta ese momento el negocio de los seguros era explotado por empresas privadas casi todas inglesas. Muchas de esas
empresas no invertían casi ningún capital en el país pues las ganancias que obtenían asegurando a sus clientes le alcanzaban
para cubrir los escasos siniestros producidos. Incluso había compañías cuyo único capital en Uruguay se reducía a una

modesta oficina en Montevideo con un empleado.
Además como la única finalidad que tenían era la ganancia y no el servicio social que podían dar, solamente cubrían los
seguros más redituables, o sea donde “era seguro” para ellas que no habría siniestros y se negaban a contratar seguros por
hechos que eran más factibles de producirse, por ejemplo el granizo que afectaba a los agricultores o los accidentes de
trabajo.
Sólo el estado que no buscaba ganancia, según Batlle y Ordóñez, y que tenía la obligación de cumplir con una finalidad de
protección social, podía hacerse cargo de los seguros para beneficiar a la sociedad. Cubriendo todo tipo de seguros se
compensaban las pérdidas en unos con las ganancias en otros.
Además, si el estado se hacía cargo, se eliminaba la salida de dinero hacia el exterior que efectuaban las aseguradoras
inglesas.
El proyecto era revolucionario porque en ningún país del mundo, hasta esa época, se había aplicado tal sistema. Levantó
mucha resistencia y hasta la embajada inglesa en Uruguay presentó una protesta ante el gobierno señalando que Inglaterra
apoyaría las demandas que hicieran las empresas inglesas afectadas.
El Banco de Seguros fue creado y obtuvo el monopolio de casi todos los seguros: fueron exceptuados los marítimos y de
vida lo que permitió que algunas empresas privadas se mantuvieran.
Inicio de la estatización del ferrocarril.- Con el paso de los años las vías férreas se habían ido extendiendo en Uruguay.
Estaban en manos de empresas inglesas, la principal de las cuáles era la del Ferrocarril Central del Uruguay.
Varios inconvenientes tenían los ferrocarriles en manos de estas empresas. En primer lugar aunque los ferrocarriles no
eran del estado le provocaban fuertes gastos por que el estado le pagaba un interés de 3,5% sobre cada 1.700 kilómetros de
vía construida, de acuerdo con lo estipulado cuando las empresas inglesas se empezaron a instalar en Uruguay. En segundo
lugar, todas las ganancias obtenidas por las empresas marchaban hacia el exterior. En tercer lugar las empresas, llevadas por
su afán de ganancia solo extendían vías donde les resultaba más redituable y los fletes que cobraban eran muy altos. Por
ejemplo, un productor del departamento de Florida se quejaba porque era más caro el flete cobrado por el ferrocarril para
trasladar la lana desde su estancia hasta el puerto de Montevideo, que el flete marítimo desde este a Inglaterra.
Durante su primera presidencia Batlle había iniciado la lucha contra los ferrocarriles ingleses construyendo carreteras que
seguían los mismos trazados que las vías férreas. Aprovechando el crecimiento del transporte automotriz y el ingreso al país
de autos y camiones, se intentó canalizar por ese medio el traslado de producción hacia el puerto de Montevideo; de esa
manera se competía con los ferrocarriles y se les obligaba a bajar los fletes.
Otro recurso que se buscó en la segunda presidencia fue crear ferrocarriles estatales. En 1912 la Asamblea General
aprobó la formación de un fondo para la construcción de ferrocarriles, obteniendo el dinero de diversos impuestos. En 1914
se autorizó al Poder Ejecutivo a comprar acciones de la empresa Ferrocarril del Norte. Esta empresa tenía vías que ingresaban
a Montevideo por lo que se podía competir con la poderosa Ferrocarril Central. Esa era la base que se necesitaba para luego ir
comprando otros ramales y aumentar las vías estatales, dando origen a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE).
Monopolio de la energía eléctrica.- En 1912 el Legislativo aprobó la creación de las Usinas Eléctricas del Estado que
tenían el monopolio de la generación y distribución de la energía eléctrica. Los objetivos que se buscaban, como en el
caso de otros servicios en manos de empresas extranjeras, eran: evitar la salida de grandes capitales hacia el exterior, mejorar
el servicio extendiendo las líneas para beneficiar a más población (por ejemplo barrios alejados donde la empresa privada no
tenía interés en ir) y bajar las tarifas.
Intentos fracasados de monopolios estatales.- Una salida importante de dinero que sufría la economía uruguaya era
provocada por pago de los fletes de los barcos que llevaban la carne, el cuero y al alna hacia el exterior y traían los productos
importados (entre otros el carbón, la fuente de energía más usada en la época).
El Poder Ejecutivo tuvo la iniciativa de comprar buques que se encargarían de llevar los productos agropecuarios y al
regreso traerían el carbón necesario para la usina de energía eléctrica. Pero la crisis económica iniciada en 1913 redujo los
ingresos del estado y la iniciativa no se concretó.
Las dificultades económicas también impidieron que se llevara a cabo el proyectado monopolio estatal del tabaco. La
intención era que las plantaciones de tabaco fueran estatales y el estado otorgara a un particular la concesión para explotarlas.
Otro monopolio estatal propuesto fue el de los alcoholes. En 1912 el presidente Batlle propuso que el estado tuviera la
exclusividad en la fabricación de alcoholes expropiándose las fábricas privadas existentes. Pero el proyecto quedó detenido
en el Legislativo ante presiones de la embajada francesa que intervino protegiendo al ciudadano francés, radicado en
Uruguay, Meillet que era el principal fabricante de alcoholes. La iniciativa quedó aralizada y recién se concretó en 1931 con

la creación de ANCAP.
A2) La promoción industrial
Se llevó a cabo por dos vías: el proteccionismo aduanero que dificultaba la importación de mercaderías que se fabricaban
o se podían fabricar en Uruguay, y por otro lado la creación de organismos estatales para apoyar a las industrias existentes en
el país. Para cumplir con este fin se crearon:
- El Instituto de Geología que se encargaría de buscar fuentes energéticas dentro del Uruguay para no depender de las
importaciones de carbón y petróleo.
- El Instituto de Química Industrial con varios objetivos: mejorar las técnicas de las industrias uruguayas(por ejemplo
cuero y lana) y asesorarlas, elaborar abonos e industrializar los recursos energéticos que se pudieran encontrar en Uruguay.
-El Instituto de Pesca con el fin de crear viveros en las costas de Maldonado para estudiar las especies marinas,
industrializar el pescado y abaratar su costo para popularizar su consumo. También el objetivo era crear una industria
procesadora de pescado modelo que sirviera de ejemplo para la instalación de privadas.
A.3) El reformismo en el medio rural
Dos problemas relacionados entre sí eran los que más afectaban a la producción agropecuaria: el latifundio y el
minifundio. Por un lado un número reducido de propietarios eran dueños de grandes extensiones de tierras dedicadas a la
ganadería (el 0,40% de los propietarios poseía el 40% de las tierras). Por otro lado había un gran número de propietarios con
pequeñas superficies, dedicadas sobretodo a la agricultura (el 75% de los propietarios poseía el 9% de las tierras). Los
latifundistas no estaban interesados en mejorar técnicamente su producción porque su enorme extensión de tierras
igual les permitía producir mucho ganado y obtener ganancias. Los microfundistas no hacían las mejoras porque su
escasa producción no les permitía hacer grandes inversiones.
Batlle sólo enfrentó parcialmente el problema, intentando algunas tímidas reformas pero sin encarar directamente
soluciones drásticas como se hizo en otros asuntos. ¿Por qué esta actitud? Las respuestas pueden ser varias.
Quizás no percibió que una reforma en el tema agropecuario era necesaria porque el sistema de explotación tradicional
afectaba a toda la economía; la ganadería seguía siendo la principal fuente de riqueza a pesar del apoyo dado a la industria y
si en ella no se obtenía una mejor producción se estaba generando menos riqueza de la que se podía obtener.
Algunos historiadores hacen hincapié en las propia conformación del P. Colorado y en particular del batllismo para
explicar la timidez en la resolución de este tema. Integrado fundamentalmente por las clases medias urbanas, era respetuoso
de la propiedad privada a la que la clase media aspiraba poseer, no quiso tomar medidas que afectaran a ese derecho, como,
por ejemplo una reforma agraria que expropiara a los latifundios para repartirlos.
Quizás haya influido también una actitud política de Batlle. Un ataque frontal al latifundio hubiera volcado a los
estancieros masivamente al P. Nacional. Las reformas sociales levantaban críticas y temores en los sectores conservadores y
Batlle era señalado como “socialista”o “anarquista”; una actitud radical contra el latifundio hubiera aumentado la oposición
de esos sectores, a lo que habría que agregar el enfrentamiento con las empresas inglesas. Un elemental cálculo político
indicaba la necesidad de no crearse nuevos enemigos. En el horizonte político aparecía amenazante una alianza entre los
sectores blancos dirigidos por Herrera, las empresas extranjeras, los estancieros y los sectores cercanos al catolicismo.
Propuestas para enfrentar el problema de la tierra.- Las propuestas fueron de dos tipos: el impuesto progresivo a la
mayor extensión de tierra y planes de colonización estimulando la subdivisión voluntaria de los latifundios.
La creación de un impuesto que sería mayor cuanto más tierras se tuviera derivaba del georgismo, doctrina fundada por el
norteamericano Henry George quien sostenía que el valor de la tierra aumentaba no por el esfuerzo del propietario sino por el
esfuerzo colectivo (construcciones de carreteras o vías férreas cercanas al campo, aplicación de nuevos conocimientos,
abonos, etc). Por lo tanto era injusto que sólo el propietario recibiera ese aumento de valor; era toda la sociedad la que debía
recibir los resultados de esa valorización. La forma en que la sociedad podía recibir su recompensa era mediante los
impuestos que el estado cobraba al propietario de la tierra.
Pero recién hacia el final de su período de gobierno Batlle propuso un aumento importante de la contribución inmobiliaria,
aumento que no fue aprobado por el legislativo.
En cuanto a los planes de colonización hubo algunas iniciativas para que el estado comprara tierras, las dividiera en
chacras y las revendiera a los interesados. En otros acasos se proponía estimular a empresas privadas para que tomaran el
costo de la expropiación y crearan chacras en las cercanías de los pueblos del interior. Hubo además una ley que concedía

premios en dinero y medallas a los estancieros que por su iniciativa fraccionaran parte de su propiedad y las transformaran en
chacras. Pero ninguna de estas propuestas tuvo un resultado importante.
Tecnificación del agro.- Al igual que se hizo con la industria se crearon organismos estatales para asesorar y estimular
innovaciones que mejoraran la producción de la ganadería y la agricultura. En 1911 se crearon tres estaciones agronómicas.
La de Salto especializada en fruticultura, la de Paysandú en lechería y la Cerro Largo en ganadería. Además se crearon el
vivero de Toledo, destinado a la producción de árboles y el Instituto La Estanzuela destinado a investigar semillas, cultivos y
forrajes.
Además de la investigación científica, los nuevos establecimientos debían actuar como escuelas de agricultura y ganadería
para la formación de capataces y peritos agrónomos.
B) El Reformismo social
En los primeros siglos del siglo XX en Montevideo existía un movimiento obrero de importancia, debido a la expansión
de la industria y a la introducción de la ideología anarquista; surgiendo así los gremios y sindicatos; a través de los cuales los
obreros hicieron sentir sus reclamos de mejoras salariales. Las condiciones de vida obrera eras totalmente precarias: el trabajo
adulto estaba mal remunerado y en muchas industrias se empleaban niños. En cuanto a los horarios la situación no era mucho
mejor; existiendo empleos con jornadas de 15 a 19 horas.
Ya en la primera presidencia de Batlle se presentaron proyectos sociales tanto por los batllistas como por los nacionalistas;
en los cuales se proponían cambios en las horas de trabajo, las condiciones de trabajos, etc.; muchos de los cuales se
concretaron recién en la segunda presidencia. Entre ambos períodos (1907-1911) había continuado creciendo la actividad
industrial y el número de obreros pero el presidente Williman, a diferencia de lo realizado por Batlle en su primera
presidencia, no se había mostrado tan partidario de defender a la clase trabajadora e incluso se había reprimido a los obreros
en huelga. La más importante del período fue la de los tranviarios en 1911 que reclamaban el aumento del salario y la
reducción del horario de trabajo. La empresa inglesa propietaria de los ferrocarriles contrató personal para suplantar a los
huelguistas y estos trataron de impedir que aquellos ocuparan sus lugares. Esto provocó enfrentamientos violentos con la
policía. Otros gremios se solidarizaron y pararon. Finalmente los tranviarios lograron que se redujera el horario de trabajo a 9
horas (antes las jornadas eran de 15 y 17 horas).
En otras actividades se mantenían horarios muy extensos: los panaderos trabajaban 18 horas y los empleados de comercio
no tenían horario fijo dependiendo de la voluntad del patrón. El diputado socialista Emilio Frugoni había denunciado que en
una fábrica textil de la zona de Capurro habían niñas de diez años trabajando 10 horas diarias.
“El obrero se gasta físicamente, por una mala comida, por una mala vivienda, por mucho menos de lo que necesita para
mantener a sus hijos y a su mujer...Las huelgas se producen y luchan contra esa forma de esclavitud moderna que convierte
al patrón en amo... Debemos apresurarnos a reglamentar el trabajo, ajustándonos a elevados principios de justicia" (J.
Batlle y Ordoñez)
La ley de 8 horas.- Batlle retomó su propuesta de la primera presidencia de disminuir el horario de trabajo fijando un
máximo de horas diarias. Envió al Parlamento un proyecto para fijar la jornada en 8 horas, disponer de un día semanal de
descanso, prohibir el trabajo de menores de trece años, restringir el trabajo a los menores de diecinueve, y otorgar a la
mujer un descanso de 40 días después del parto. Se admitían horarios más largos por la naturaleza del trabajo pero a
condición de no pasar las 40 horas en 5 días.
Los industriales y comerciantes se opusieron al proyecto y presentaron una extensa nota a la asamblea General que estaba
discutiendo la ley, donde exponían sus argumentos. Sostenían que si se reducían las horas de trabajo habría que contratar más
obreros para hacer la tarea y esto encarecía el precio de los productos, los productos al ser más caros, serían difíciles de
exportar y, además, muchos trabajadores de campaña emigrarían a Montevideo atraídos por la jornada más corta.
También los sectores mayoritarios del P. Nacional se opusieron al proyecto. Incluso el diario “La Democracia” dirigido
por Herrera y Roxlo, quienes algunos años antes habían presentado un proyecto para reducir la jornada a 10 horas.
El proyecto finalmente se aprobó en 1915 con algunas modificaciones.
La ley de prevención de accidentes de trabajo.- En 1914 el presidente envió al Parlamento un proyecto de ley que
incluía normas de seguridad para ciertos oficios en los cuales eran frecuentes los accidentes (industria d ela construcción,

carpinterías, barracas, herrerías aserraderos, etc). La ley recién fue aprobada en 1920 agregándosele la obligación de pagar
indemnizaciones a los accidentados.
Indemnización por despido.- Al estallar la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, muchos comercios despidieron
empleados, tal vez por temor a una crisis económica. El poder ejecutivo envió un proyecto de ley al Parlamento estableciendo
una compensación económica según la antigüedad del despedido. El empleado que tuviera dos años de trabajo tenía derecho
a algunos días de sueldo; el que hubiera trabajado más de dos años recibiría un mes de sueldo cada dos años de antigüedad.
En todos los casos el empleado que iba a ser despedido debía ser notificado de la misma con dos meses de anticipación.
Pensiones a la vejez.- Otro proyecto enviado por el presidente al legislativo establecía que el estado pagaría una pensión a
las personas mayores de 65 años que se encontraran en la indigencia. Herrera se opuso señalando que se estaba premiando al
haragán que no había sido capaz de ahorrar en su vida o que no había trabajado lo suficiente. Desde el diario “El Día” se
respondió que se trataba de no dejar morir de hambre a los que no habían ahorrado para su vejez. Recién en 1919 se aprobó la
ley de pensiones a la vejez.
Luego del “Alto de Viera periodo en el cual se frenó el impulso reformista de Batlle, se tomaron otra serie de medidas que
contribuyeron con la calidad de vida del obrero como salario mínimo del peón rural y urbano descanso semanal obligatorio y
ley sobre prevención de accidentes de trabajo.
¿Por qué el reformismo social? Uno de los argumentos usados por los sectores conservadores opuestos a estas y otras
reformas similares era que en el Uruguay aún no existía realmente una clase obrera y que las reformas eran exageradas y
demasiado anticipadas.
Batlle y sus seguidores argumentaban que había adelantarse al tiempo y establecer normas que impidieran que en Uruguay
se dieran los graves problemas que habían afectado a los trabajadores de los países industrializados. Para Batlle el estado no
podía tener un papel neutral, sólo observando los problemas, sino que debía intervenir a favor d ela parte más débil: el estado
debía actuar beneficiando a los más necesitados, compensando las desigualdades. Toda la sociedad tenía un deber moralde
ayudar a los oprimidos, y el estado, como representante de la sociedad debía asumir un papel importante: impidiendo el
trabajo de los niños, evitando horarios excesivos de trabajo, controlando la seguridad en los lugares de trabajo, etc.
Para Batlle la lucha de clases y la revolución social podían evitarse a través de una apropiada legislación laboral. Tenía
una postura reformista y evolucionista rechazando las ideas socialistas que creían que la forma de obtener una sociedad más
justa era a través de la lucha de clases y la revolución proletaria. En este marco, el papel del Estado es de arbitro del conflicto
social, lo cual no se reducía a la neutralidad sino que todo lo contrario, debían inclinar la balanza al lado débil; de manera que
la reforma social quedaba justificada por razones sociales y no por la imposición de una dinámica de la historia. Esa es una de
la diferencias con el marxismo; el deber para con los oprimidos era de índole moral no nacía de la imposición del
proletariado; es más no se lo calificaba así sino que se lo prefería denominar “humilde” o “desamparado”.
De esta forma, la protección de la sociedad a sus miembros débiles como deber del Estado fue uno de los principios que se
incorporó en la mentalidad colectiva uruguaya como “idea de común” debido a la propaganda periodística y parlamentaria, a
las obras del batllismo y al aporte del socialismo.
Pero el reformismo social no significaba que el estado atendiera solamente los reclamos obreros. En el pensamiento de
Batlle el estado era un árbitro por encima de las clases sociales, atendiendolas a todas y buscando el consenso. El estado
debía atender los intereses de:
- los estancieros, cuyas exportaciones de carne eran la base de la riqueza nacional y requerían seguridad, orden y defensa
ante el monopolio de los frigoríficos;
- la burguesía industrial que quería proteccionismo aduanero para vender sus productos;
- la clase media, disciplinada, esforzada, mirando al futuro a través de el ahorro y la educación de los hijos y que debía
recibir ayuda del estado en créditos, educación y empleo (para eso estaban los bancos públicos, la educación pública y los
puestos de trabajo en la administración pública).
- el proletariado, que debía ser protegido para evitar su explotación e impedir su rebelión.
“Con respecto al pensamiento de Batlle en materia social: nunca fue un socialista (...) su proyecto general se basaba en
el respeto a la propiedad privada de los medios de producción y el rechazo de las tesis marxistas sobre la lucha de clases
(...) Sin embargo, el empleo del aparato del Estado como redistribuidor de la riqueza y protector de los menos favorecidos

(lo que suele llamarse Estado de Bienestar) lo aproximó a las tesis del socialismo democrático (...) Cuando se le dijo que el
Uruguay era un país pequeñito y no podía tener aspiraciones de servir de ejemplo para el mundo, se dice que Batlle replicó:
“Seremos un país pequeñito, pero tendremos leyecitas adelantaditas” (...) Batlle logró la extensión del sistema democrático
(a través de los clubes seccionales, que debían poner a los legisladores en contacto con las aspiraciones de la población) y
la promoción de la educación de las clases menos favorecidas. Estructuró así un Estado intervencionista y reglamentador,
moderadamente proteccionista, que se reservaba el monopolio de ciertas funciones y que estuvo concebido con una doble
función: garantizar el ejercicio de los derechos individuales (entre ellos el de propiedad) y evitar en lo posible una
ampliación de la brecha entre ricos y pobres. (...) el obrerismo señaló el punto de mayor radicalidad de Batlle en su proceso
reformista. Generó una legislación social sumamente avanzada no sólo defendió con frecuencia las huelgas sino que llegó a
estimularlas, lo que provocó en algún momento la insólita imagen de los obreros en conflicto aclamando al Presidente de la
República (...) En otro orden de cosas, el batllismo aplicó un humanismo protector hacia los más débiles (...) que incluyó
sanciones al maltrato de los animales (prohibición de las corridas de toro, tiro a la paloma, riñas de gallos (...) su
anticlericalismo radical, que contribuyó a generar la sociedad más laica de América Latina y la Iglesia Católica
socialmente más débil del subcontinente (...)” Maiztegui Casas, Lincoln”Caudillos”.
Obra Educativa
El objetivo que se propuso Batlle en este plano fue el de que el estado se encargara de extender la educación a la mayor
cantidad posible de personas, posibilitando la obligatoriedad de la educación primaria y extendiendo la secundaria. Era
importante dentro de la concepción política de Batlle contar con ciudadanos instruidos, capaces de reflexionar e intervenir
activamente en política y no sólo seguir ciegamente a un caudillo o dejar que la “clase política” hiciera a su antojo. Para tener
un ciudadano consciente era necesario instruirlo.
Los principales cambios introducidos fueron los siguientes:
- Gratuidad de la enseñanza secundaria y universitaria. Se propuso que los estudiantes que asistían a liceos y facultades
públicas no pagaran matrículas ni mensualidades, para que fuera accesible a todos la enseñanza a esos niveles. El dinero que
el estado perdería por esa razón sería compensado con un impuesto sobre las propiedades cuyos dueños no estuvieran en el
país. Ante la oposición de algunos legisladores blancos el proyecto demoró dos años en aprobarse.
- Liceos para mujeres. Estaba arraigado en las costumbres de la época, y era aceptado por la pedagogía, la separación de
sexos. Las familias no querían enviar a sus hijas a institutos de enseñanza mixtos donde los varones eran clara mayoría y esto
dificultaba el acceso de la mujer a una mejor instrucción y hacer una carrera profesional. Por eso se dispuso crear una sección
femenina de los cursos de secundaria destinada exclusivamente a las mujeres y así sus padres no tendrían temores ni excusas
para enviarlas.
- Creación de liceos departamentales. Ya se había aprobado en 1906 la creación de liceos departamentales en el interior de
la república. Pero la carencia de recursos paralizó la iniciativa y fue retomada en los primeros meses de la segunda
presidencia de Batlle. La finalidad era extender la educación al interior del país y evitar el traslado de los alumnos a
Montevideo para seguir sus estudios.

El Proceso político

En el sistema político uruguayo del momento existía un bipartidismo monopolizado por el partido colorado y el partido
nacional, ambos partidos policlasistas, es decir que representaban a todas las clases sociales.
Dentro del partido colorado se marcaban dos tendencias: el batllismo y los riveristas (Partido Colorado Gral. Rivera). Estos
últimos se caracterizaban por desear un retorno a las fuentes coloradas puras, a la más ortodoxa tradición partidaria;
discrepando con la ideología social de Batlle. Por otra parte se encuentra el Partido Nacional liderado por L.A de Herrera.
Esta situación va a cambiar hacia 1910, con el surgimiento de los partidos de ideas como ser: la Unión Cívica de carácter
católico; el Partido Socialista y ya en 1921 el Partido Comunista.
Hacia la reforma constitucional
El país había cambiado mucho desde 1830; pero su constitución permanecía inalterada desde ese año. Una constitución

que se adecuaba poco al Uruguay de 1830, menos parecía servir para el Uruguay de comienzos del siglo XX. En realidad la
constitución se mantenía porque el proceso de reformar era muy difícil y lo que había ocurrido es que no siempre se aplicaba;
muchos de los gobiernos que Uruguay tuvo en el siglo XIX se manejaron al margen de ella.
El concepto de estado y de democracia se habían transformado. Ya no se podían admitir las limitaciones al sufragio que
establecía la constitución del 30, porque ahora se veía en él un elemento pacificador porque las luchas políticas se resolvían
en las urnas electorales y no con las lanzas en las cuchillas. Pero para asegurar la resolución pacífica de la política eran
necesarias mayores garantías para el sufragio. En la antigua constitución faltaban derechos que garantizaran la vida política y
social como el derecho de reunión y el de asociación. Ni siquiera se mencionaba la existencia de partidos y la posibilidad de
coparticipar en el gobierno. Y, además, el voto no era secreto.
La constitución del 30, basada en el liberalismo que repudiaba la intervención del estado en la economía, tampoco decía
nada sobre la existencia de organismos estatales que controlaban la energía eléctrica o ferrocarriles. Con la presidencia de
Batlle habían aparecido una serie de organizaciones estatales que carecían de una regulación constitucional.
Además el aumento del poder del estado podía ser peligroso en manos de un presidente con amplios poderes como estaba
establecido en la constitución del 30. Para algunos, como el propio Batlle y Ordóñez, el presidente en Uruguay era casi como
un monarca y reclamaban disminuir sus poderes.
Por estas razones varios sectores políticos estaban interesados en reformar la constitución, aunque no se ponían de acuerdo
en que cosas reformar. Luego de varios intentos fracasados se logró un acuerdo para reformar la forma en que la constitución
podía ser reformada que era el paso previo para luego pasar a reformar el contenido de la constitución. En 1912 la Asamblea
General aprobó un procedimiento de reforma constitucional más fácil: dos tercios de cada cámara declaraban la conveniencia
de la reforma, luego se convocaba a una elección para elegir una Convención Constituyente que haría las reformas que luego
serían plebiscitadas.
La propuesta de Batlle: el ejecutivo colegiado.- En ese ambiente político donde la reforma constitucional era un tema
permanente, el 4 de marzo de 1913 Batlle y Ordóñez público un artículo en el diario El Día donde daba a conocer algunas de
sus ideas sobre lo que debía incluir una nueva constitución.
Esa propuesta, conocida como “Los apuntes” de Batlle, introducía como una novedad la sustitución del presidente
por una Junta de Gobierno de nueve miembros, o sea que el Poder Ejecutivo sería colegiado, que duraría nueve años. La
Junta elegiría un presidente dentro de ella que duraría dos años. Además. Otra innovación era la posibilidad de aplicar
mecanismos de democracia directa: la Junta de Gobierno podía convocar a un plebiscito cuando discrepara con alguna
resolución del legislativo. También los ciudadanos podían convocar a un plebiscito con el apoyo de un quinto de los
inscriptos en el padrón electoral.
Batlle había observado el ejecutivo colegiado en Suiza y se mostraba asombrado de como la gente ni siquiera sabía quien
era el presidente de ese país, no por ignorancia sino por el escaso peso que este tenía. Batlle manifestaba sus temores de que
en Uruguay se dependía mucho de la personalidad del presidente, por eso proponía “disolver” su importancia en un órgano
colegiado. El poder se diluía entre nueve hombres y ninguno resultaba peligroso, al tener la misma autoridad ninguno podía
abusar del poder y se controlarían entre ellos. Además al durar nueve años e ir renovándose por partes permitía mantener al
mismo equipo en el gobierno durante un tiempo suficiente para hacer obra o mantener la ya hecha: Batlle manifestaba
temores que un sólo presidente conservador borrara de un plumazo las reformas que venía realizando.
“El gobierno colegiado no es otra cosa que el gobierno de una comisión: en vez de un hombre, gobierna una junta de nueve. Eso es
todo. Cada una de esas nueve personas tiene la misma autoridad que las otras y para que el gobierno pueda ordenar algo es necesario
que la mayoría de los nueve lo resuelva. Si uno solo de ellos quisiera mandar, nadie estaría obligado a obedecerlo. El verdadero
gobierno será la mayoría. (...) Se quiere hacer esto para que no tengan mucha influencia en el gobierno los caprichos, el mal humor,
las amistades, las enemistades y los intereses personales. Con que tenemos ahora, no se puede hacer nada contra esas cosas. Si a un
Presidente se le ocurre hacer una barbaridad, es imposible el impedírselo; si tiene días de mal humor, habrá que soportar sus malos
modos y aún peores; sus amigos íntimos gozarán de más influencia que los que no lo sean; sus enemigos se verán fácilmente
perjudicados; y si, mayor desgracia, el Presidente resulta aficionado a sacar de su empleo más dinero que el que le corresponde por su
sueldo, entonces ya nadie puede calcular los males a que estará expuesto el país.
En un gobierno formado por una comisión, el capricho o el mal humor de uno de sus miembros será contenido por el buen juicio y
la tranquilidad de los otros; el que fuera enemigo o amigo de uno de ellos no le sería de todos los demás, y si un miembro fuese

aficionado a lo ajeno, lo harán andar derecho los restantes. Sería fácil equivocarse en la elección de uno o de dos, pero no en la de
todos.” Batlle y Ordóñez en “El Día”, 1916.
La propuesta de Batlle unió en su contra a colorados y blancos que ya estaban inquietos con sus reformas económicas y
sociales. Once senadores colorados (de 19 que tenía ese partido) se pusieron de acuerdo para detener cualquier proyectos
constitucional colegialista, de ahí que la reforma se detuvo hasta la terminación del periodo presidencial de Batlle en 1915.
La oposición dentro del P. Colorado se fue organizando en torno a la figura de Pedro Manini Ríos quien creó el Partido
Colorado Frutuoso Rivera, nombre que aludía a su intento de volver a la tradición y dejar la política reformista. Por eso ese
sector colorado opuesto a Batlle fue conocido como “riverista”
El Partido Nacional se había opuesto siempre a Batlle por varias razones: era el que lo había derrotado en el campo de
batalla (el recuerdo de 1904 aún estaba vivo), era el que negaba la representación proporcional y gobernaba exclusivamente
con el P. Colorado, excluyendo a los blancos del poder. Pero a esas razones políticas hay que sumarle otras que tal vez eran
las verdaderas causas del enfrentamiento: el P. Nacional estaba dirigido por los grupos sociales con más poder económico,
sobretodo grandes estancieros, que se alarmaban con las reformas sociales del batllismo. La clásica popularidad de los
blancos en el interior se reforzaba por la desconfianza que la gente de campo sentía hacia las reformas que se hacían desde la
ciudad. De esta forma las clases altas del campo se identificaban cada vez con el P. Nacional y arrastraban tras de si a su
peones, señalando a Batlle como el enemigo del orden que introducía ideas “anarquistas”.
De esta forma los reformistas se identificaron con el colegiado y los conservadores eran anticolegialistas. Pero no sólo
existía oposición política al gobierno, también cabe destacar la oposición de los principales grupos de presión como La ARU;
que luego crea un grupo más combativo FRU en 1915, Liga de Defensa Comercial, vinculada al Alto Comercio, la Liga
Industrial y la FORU.
La reforma constitucional: la transacción de Batlle con los conservadores.
Terminada la presidencia de Batlle, continuó el proceso hacia la reforma de la constitución; se aprobó la convocatoria de
una Convención Constituyente, que fue elegida el 30 de julio de 1916 con voto secreto, sufragio universal masculino y
representación proporcional.
El triunfo correspondió a los sectores anticolegialistas (84 mil contra 62 mil). El resultado señalaba un claro triunfo de las
clases conservadoras, lo que llenó de asombro a los batllistas que esperaban una victoria segura al haberse extendido a los
sectores populares el sufragio. Estas elecciones marcaron un claro cambio de rumbo en el gobierno y en el propio Batlle. El
presidente Feliciano Viera, que había sido designado por la Asamblea con el respaldo de Batlle, declaró que había que
hacer “un alto” en las reformas económicas y sociales apartandose del reformismo.
Mensaje de Feliciano Viera, 13 de agosto de 1916
“Nuestro pleito sobre el Ejecutivo Colegiado ha terminado. Los comicios del pasado treinta nos demuestran que la mayoría del país
no nos acompaña en reformas de esa naturaleza. Sin entrar a investigar las causas del rechazo de la fórmula colegiada –pues son
múltiples y complejas- aceptemos los hechos y acatemos la decisión de las mayorías electorales.
Una gran fuerza de componentes heterogéneos es la que ha contrarrestado el impulso colorado y dentro de esa fuerza hay elementos
partidarios que no pueden permanecer fuera de nuestras filas si ponemos, nosotros, decidido empeño en eliminar causas de
distanciamiento. Es necesario hacer un llamado a la concordia colorada, unificar al Partido al amparo de la tradicional bandera de , si
queremos actuar eficientemente en nuestra democracia; que nuestros correligionarios concurran, sin agravios, con un mismo fin a los
comicios de noviembre. Desinterés patriótico, amor intenso a la causa partidaria y buena voluntad, no nos faltan para realizar la
unificación de nuestra colectividad política.
Las avanzadas leyes económicas y sociales sancionadas durante los dos últimos períodos legislativos, han alarmado a muchos
correligionarios; y son ellos los que nos han negado su concurso en las elecciones del treinta. Bien, señores, no avancemos más en
materia de legislación económica y social; conciliemos el capital con el obrero. Hemos marchado bastante aprisa; hagamos un alto en
la jornada. No patrocinemos nuevas leyes de esta índole y aun paralicemos aquellas que están en tramitación en el Cuerpo Legislativo,
o por lo menos si se sancionan, que sea con el acuerdo de las partes directamente interesadas...
(...) Me he considerado en el deber de hacer estas breves declaraciones ante de mi partido, para que se conozcan bien los
propósitos que me animan en materia de legislación económica y social y para pedir a esa Asamblea Colorada un voto de confianza en

los nuevos rumbos de política general que piensa seguir el gobierno que presido”.

Batlle tuvo que transar con los sectores conservadores dentro y fuera de su partido. Para hacer triunfar, por lo menos en
parte sus ideas de reforma, tuvo que pactar con Manini Ríos y con el Partido Nacional. De este acuerdo surgió la nueva
constitución. Como en las cámaras los batllistas tenían la mayoría y allí se podía decidir como se aprobaría la reforma
constitucional, la situación era bastante extraña: la convención constituyente con mayoría anticolegialista podía redactar una
constitución sin colegiado, pero las cámaras podían votar una ley que estableciera una mayoría especial del electorado para
aprobar la reforma en el plebiscito. Con esto último amenazaron los diputados batllistas, además Batlle anunció su intención
de presentarse de nuevo a la presidencia.
El P. Nacional, ante la posibilidad de un nuevo gobierno de Batlle, decidió entrar en negociaciones. Se designaron cuatro
delegados por el P. Nacional y cuatro por el Batllismo (la comisión de los ocho) que se encargaron de elaborar el texto
constitucional. En ella se establecieron propuestas de ambo sectores, y aunque ninguno obtenía todo lo que quería se
conformaban al obtenerlo en parte: Batlle obtenía el colegiado y los blancos la coparticipación y las garantías para el
sufragio.
La Constitución de 1918.-
Su principal característica fue el Poder Ejecutivo con dos órganos: el presidente y el Consejo Nacional de
Administración. No era el colegiado propuesto por Batlle, sino una transacción que incluía un órgano colegiado pero
manteniendo también al presidente.
¿Qué función cumplía cada uno de estos órganos? Al presidente le correspondían las funciones primarias del estado: el
orden interior y la seguridad de las fronteras, por lo tanto tenía en sus manos la policía y las fuerzas armadas. Al Consejo
Nacional de Administración le correspondían las funciones secundarias del estado: educación salud, obras públicas y
economía. Como su nombre lo indicaba tenía una función administrativa.
Este sistema de ejecutivo bicéfalo presentaba sus peligros: que los dos órganos tuvieran distintas tendencias políticas y no
se pusieran de acuerdo. Además podía haber interferencias en las funciones porque en la realidad política no siempre quedaba
clara el área de competencia de cada uno. Como uno sólo de estos órganos, el presidente, disponía del mando de la fuerza del
estado, en caso de desavenencias con el otro órgano podía usarlo en su contra (como sucedió en 1933 con el golpe de estado
de Terra).
Esta constitución admitía la coparticipación en el gobierno ya que la minoría, además de tener representación en el
parlamento, tenía representantes en la parte colegiada del ejecutivo. El Consejo de Administración se integraba con 9
miembros, 6 correspondían a la lista más votada del partido más votado y 3 a la lista más votada del partido que le seguía en
votos. De acuerdo a la realidad política era previsible que al ponerse en práctica la constitución, 6 consejeros fueran del
batllismo y 3 del herrerismo. Tanto los consejeros como el presidente se elegían directamente por los votantes.
En cuanto al sufragio se establecían garantías como el voto secreto y la inscripción obligatoria en el Registro Cívico. Se
preveía que a través de una ley se estableciera el sufragio para la mujer.
Otra innovación de esta constitución es que separa la Iglesia y el Estado culminando un proceso iniciado en el siglo XIX.
El estado no profesaba ni respaldaba a ninguna religión.
La nueva constitución, la segunda del Uruguay, fue aprobada en plebiscito y entró en vigencia en 1919.
La reforma de la Constitución de 1918:
1) Ciudadanía y de los derechos electorales,
•Son ciudadanos naturales de la República todos los hombres nacidos en su territorio los hijos de madre o padre orientales con la
condición de habitar en el país e inscribirse en el Registro Cívico Nacional; eEl sufragio es para los mayores de 18 años y se eliminan las
restricciones a peones, jornaleros, analfabetos y sirvientes a sueldo; el voto es secreto; se va previendo el voto femenino.
2) Organización de los poderes del Estado:
El poder Ejecutivo está formado por el Presidente de la República y el Consejo Nacional de Administración. El Presidente de la

República es elegido directamente por el pueblo, permaneciendo cuatro años en sus funciones.
El Presidente se ocupa de tres ministerios (Interior, Guerra, Relaciones Exteriores) relacionados con los fines primarios del Estado:
preservar la tranquilidad interior y mantener la seguridad de las fronteras. Tiene en sus manos la fuerza militar y policial y la posibilidad
de tomar las decisiones rápidas y expeditivas características de todo poder ejecutivo.
El Consejo Nacional de Administración se integra con 9 miembros elegidos directamente por el pueblo. Permanecen 6 años en
funciones, renovándose por tercios cada dos años. Corresponde al consejo todo lo relativo a Instrucción Pública, Obras Públicas,
Trabajo, Industrias, Hacienda, Asistencia e Higiene, por lo tanto se ocupa de las funciones secundarias del Estado y no dispone de la
fuerza armada.

3) El papel del Estado:
En esta Constitución se aprecia no sólo una mayor participación del Estado y la sociedad, sino que en la Agenda política, los temas que
se van a discutir no son sólo políticos sino económicos y sociales. La creación de la figura de Entes Autónomos (Empresas del Estado)
reconocerá y regulara los cambios sucedidos en relación al Estado y su actividad económica.
Proceso de secularización:
En esta Constitución se separa a la Iglesia del Estado, estableciéndose además la total libertad de cultos. Antes de la Constitución ya nse
venían tomando medidas tendientes a separar el Estado de la Iglesia. A modo de ejemplo, en 1911 se reactivó la ley de conventos de
1885, al ser estos visitados por inspectores gubernamentales; se produce la secularización del juramentos de la toma de cargo de lo ediles
de la Junta Económico- Administrativa de la Capital; se elimina la prestación de honores militares en los actos religiosos de la Iglesia
Católica; se prohibe la presencia de los militares, como institución, en actos religiosos; se suprime el cargo de capellán en el ejército; se
ordenó que la bandera nacional no saludara ni a personas ni a símbolos religiosos. Conjuntamente la Ley de divorcio de 1912; admitía el
divorcio por la solo voluntad de la mujer. Para los batllistas incluso el matrimonio civil solo tenia sentido de ser como registro de los
mismos por razones económicas principalmente, ya que el matrimonio constituía una sociedad (conyugal).

La década de 1920. Compromiso político y conservadurismo social

Entre 1919 y 1933 estuvo en vigencia la constitución creada en el periodo batllista. Durante esta época el batllismo no
contaba con la mayoría suficiente para gobernar solo y tenía que negociar con otros sectores, incluso con
algunos conservadores del partido colorado que no querían perder las elecciones con el partido nacional. Los partidos
políticos estaban electoralmente parejos, por lo que cualquier división en su interna podía perjudicarlos y permitir la victoria
del otro partido. Ambos partidos eran policlasistas, lo que obligaba a los lideres a realizar reformas que satisfaga a todas las
clases sociales.
Al decir de Benjamín Nahum “Se conoce con este nombre (Política de compromiso) a la actividad política del período
porque ella se caracterizó por sucesivos compromisos entre las colectividades partidarias. Hubo compromiso entre blancos
y colorados porque la equivalencia de sus fuerzas electorales impidió que unos primaran sobre otros e impusieran su
programa político en toda su amplitud. Para gobernar, ambos tuvieron que ceder, y abandonando sus primeras posiciones,
llegar a encontrarse en un término medio que significaba una mutua concesión; en definitiva, una transacción. Hubo
compromisos también, dentro del gobernante Partido Colorado que, habiéndose dividido en varias fracciones, no podía
ganar las elecciones sobre los nacionalistas si el sector mayoritario –el batllismo – no ofrecía posiciones relevantes de
gobierno a los sectores minoritarios –riverismo, vierismo- para que votaran dentro del lema común. No ocurrió esto, en
cambio, con el Partido Nacional. En este período, su aspiración de ganar la Presidencia de la República, y su clara
posibilidad de lograrlo, lo mantuvieron unido y sin fisuras. Estas aparecerán, sin embargo, más adelante.”
Según Ana Frega (Historia del Uruguay en el siglo XX (1890-2005) “... en los años veinte el proceso político uruguayo

tuvo dos caras: el afianzamiento de la democracia política y el conservadurismo social; de estas dos caras, ..., la primera es
la que, por lo general, se ha elegido recordar. El nuevo régimen constitucional, en efecto, abrió las puertas para la
expansión y profundización de la democracia política, mediante la ampliación del electorado, al implantar el voto universal
masculino (las mujeres deberían esperar hasta 1938 para ejercer su derecho al sufragio); la representación proporcional
en de Diputados, que garantizaría una equitativa participación tanto del Partido Nacional como de otros partidos menores
(Unión Cívica, Partido Socialista y, a partir de 1922, el Partido Comunista); el ingreso del principal partido de oposición al
Consejo Nacional de Administración, y las elecciones frecuentes: entre 1919 y 1933 hubo elecciones todos los años a
excepción de cuatro.
Todo ello estimuló y acostumbró a los uruguayos a votar. Sin embargo, este proceso de creciente participación
político-electoral no hubiera sido posible sin la simultánea construcción de un sistema de garantías al sufragio, de respeto
de la voluntad popular, que indujese a los ciudadanos a confiar en el sistema. Para ello resultaron claves las reformas en
materia de legislación electoral procesadas en los años 1924 y 1925, que incluyeron la elaboración de un nuevo Registro
Cívico, eliminando el sospechado registro anterior; la creación de Electoral, con participación de los dos grandes partidos
tradicionales; y el perfeccionamiento de una compleja legislación electoral destinada a impedir los fraudes y las presiones
sobre los electores”.
El conservadurismo social.
Al mismo tiempo, “El proceso de construcción y afianzamiento del sistema democrático fue acompañado –
paradojalmente- de una entonación conservadora. Este conservadurismo social estuvo ambientado por el protagonismo de los
grupos de presión empresariales (Federación Rural, Asociación Rural del Uruguay, Cámara de Comercio, Cámara de
Industrias, etc.), que se movilizaron con eficacia creciente para demorar –y a veces frenar- la legislación social impulsada por
el reformismo, así como oponerse a cualquier medida que significase el avance del Estado sobre la actividad económica o que
fuese potencialmente perjudicial para los intereses de dichos grupos.
Es cierto que en la década del veinte hubo algunas conquistas sociales: comenzó a instrumentarse la ley de pensiones a la
vejez (sancionada en febrero de 1919); se aprobaron algunas iniciativas de importancia como las leyes de previsión y de
indemnización por accidentes de trabajo (1920, descanso semanal obligatorio(1929), salario mínimo del peón rural (1923) y,
en materia de previsión social, la creación de de Jubilaciones y Pensiones para los empleados y obreros del servicio público
(1919). Pero también es cierto que en el primer caso, la iniciativa era bastante anterior, así como que otros proyectos fueron
rechazados o, simplemente, no fueron siquiera tratados, como el que disponía la participación de obreros y empleados en las
utilidades de las empresas del Estado (1923), o el proyecto sobre salario mínimo para el trabajador urbano (1927).

El freno al reformismo –que había tenido como hito clave la derrota de julio de 1916 y el posterior ‘Alto’ de Viera-
continuó procesándose en este período en una compleja trama de alianzas y compromisos, tejida tanto dentro de ambos

partidos tradicionales, como entre fracciones de diferente partido y similar composición ideológico-social. Así, en el Partido
Colorado, el batllismo priorizó la victoria electora frente al tradicional adversario al precio de continuas negociaciones y
compromisos con los restantes ‘Partidos Colorados’, originados en sucesivas escisiones de entonación conservadora: a la
primera de éstas, la del riverismo (P. Colorado ‘Gral. Fructuoso Rivera’), ocurrida en 1913, se sumaron: en 1919, la del
vierismo (P. Colorado Radical), liderado por Feliciano Viera, y en 1926: el sosismo (Partido de Colorada, liderado por Julio
María Sosa). (...) Pocos años más tarde, surgiría el grupo ‘Avanzar’, liderado por Julio César Grauert, de fuerte impregnación
marxista, que se ubicaría en el ala izquierda del batllismo.
El Partido Nacional no fue ajeno a este proceso de renovación y división interna, motivado, entre otras razones, por las

diferentes posturas ante la agenda económico-social del período, así como por las diversas visiones en torno al rol de co-
gobernante que el flamante régimen constitucional le asignaba. Son los años del vertiginoso ascenso del liderazgo de Luis

Alberto de Herrera, quien a través de una intensísima actividad, desplegada en actos, reuniones, y giras por el interior se
esforzaba por mantener un contacto personal –o epistolar- con la masa de correligionarios. Su popularidad en aumento lo
llevó a ocupar el cargo de Presidente del Directorio del Partido, y a postularse como candidato a Consejero nacional. Se
opusieron a dicha candidatura los llamados ‘conservadores’ (o ‘principistas’), que apoyaban las candidaturas de Martin C.
Martínez y Arturo Lussich (por eso se los llamó también ‘lussichistas’). El grupo tenía como portavoz al diario “El País”,
fundado en 1918 y dirigido por Enrique Rodríguez Larreta y Washington Beltrán (...) A la existencia de estos dos grupos se
sumaría luego el radicalismo blanco, liderado por Lorenzo Carnelli, que en 1924 solicitó un lema propio, siendo sus
dirigentes expulsados del Partido Nacional. (...)

(...) en los años veinte el sistema político uruguayo se caracterizó no solo por el bipartidismo y el protagonismo de los
grupos de presión, sino también por la presencia de corrientes ideológicas de proyección mundial, como el socialismo, el
comunismo y el catolicismo, aunque por entonces las mismas convocaran adhesiones muy minoritarias ... Si bien la
izquierda uruguaya era minoritaria y se encontraba dividida y enfrentada entre sí, su influencia en el movimiento sindical y su
ruidosa militancia (...) alimentaron el disgusto de los sectores conservadores. (...) Cabe agregar que por esos años tuvo lugar,
a ambos lados del Río de, la actuación de los llamados ‘anarquistas expropiadores’ –entre ellos el legendario Miguen
Arcángelo Roscigno- (...) En ese contexto, algunos conservadores miraron hacia Europa –no solo la izquierda se nutriría de
‘ideologías foráneas’- contemplando con entusiasmo el movimiento liderado en Italia por Mussolini, que prometía progreso
‘dentro del orden’ (léase: frenar el comunismo). Fue así como el fascismo contó con simpatizantes en el seno de los sectores
conservadores de ambos partidos tradicionales: en el riverismo, el sosismo y el vierismo en el Partido Colorado, y en el
herrerismo en el Partido Nacional.”
“¿Hasta donde llegan las ideas comunistas del batllismo? ¿Es un partido socialista? ¿Es un grupo de bolcheviques? Nos parecería útil
saberlo porque ello interesa grandemente a todos. ¡Hasta podrían invocarse razones supremas de tranquilidad social! ...Hay ya gentes
que sueñan con cosas horribles y hasta dormidas tiemblan de miedo ante multitudes enfurecidas que piden el reparto general...” “La
Mañana”, 1919
“...¿Cuál de los dos comunismos es peor: el de adentro el de afuera, el importado o el casero?... Sola se contesta esta pregunta, que la
formulamos de ex profeso para llamar a la realidad a las cándidas gentes que se aterran ante el hipotético riesgo de una reacción
soviética aquí, olvidando que desde hace muchos años, tenemos el soviet en casa”. “El Debate”, 1931
Bibliografïa webs
Barrán – Nahúm. Batlle, los estancieros y el Imperio Británico. misblogsdehistoria.blogspot.com.uy /
Nahúm, B La Época Batllista sextoderecho1.blogspot.com.uy/
Reyes Abadie. Crónica General del Uruguay. 6touruguaysigloxx.blogspot.com.uy/
Frega, Ana y otros Historia del Uruguay

Tomado de Blogs de Andrés Pereira

Historia de 6to Economía

martes, 30 de julio de 2019

EL URUGUAY BATLLISTA

jueves, 4 de abril de 2019

Expansión Imperialista S. XIX

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